Hoy, 18 de julio

A pesar del argumento, repetido durante más de cuarenta años,  de que el objetivo de la sublevación militar fue la de abortar una revolución en ciernes, es decir una contrarrevolución preventiva, existe una amplia y rigurosa bibliografía que ha contribuido a desbaratar este disparate. Los conceptos de democracia y revolución iban de la mano en los años 30. Revolucionarios eran muchos de los cambios que se estaban operando en la sociedad española en torno a la construcción del régimen republicano. El problema parte del error de calificar de revolucionario todo episodio de desorden social o de violencia partidista. El golpe militar realmente no quería acabar con ninguna revolución puesto que ésta no existía, lo que realmente perseguía era la supresión de todas las reformas económicas, sociales y culturales que la democracia republicana había iniciado en 1931. La paradoja fue que el supuesto golpe preventivo abrió las puertas a la revolución en unos lugares concretos, Cataluña y Aragón, y en unas fuerzas políticas concretas, debido al colapso del Estado republicano en los primeros meses de guerra y a la fragmentación del poder en numerosos poderes locales. Pero paradójicamente a medida que se estabilizaron los frentes bélicos y los gobiernos republicanos se hicieron con el control de la situación, la mayoría de las fuerzas de izquierdas supuestamente revolucionarias neutralizaron y reprimieron los intentos revolucionarios.

La guerra tuvo su origen en un golpe militar contrarrevolucionario que aglutinó a carlistas, alfonsinos, cedistas y falangistas. Las diferencias doctrinales, programáticas y estratégicas de estas fuerzas políticas, en algunos aspectos antagónicas, acabaron unidas por el rechazo a la democracia republicana, dando cobertura ideológica a la sublevación militar y colaborando con ella pero sometidos a su autoridad. Los monárquicos alfonsinos y los cedistas contribuyeron a la causa sufragando los cuantiosos gastos de la guerra, aparte de las conexiones de los alfonsinos con los fascistas italianos en la preparación del golpe y la financiación durante años de Falange, donde acabaron ingresando muchos de los miembros de las Juventudes de Acción Popular. Aparte de la defensa a ultranza del antiparlamentarismo y del antimarxismo, el más claro rasgo de la radicalización de esas derechas extremas fue la utilización de las milicias paramilitares, de la violencia política para conseguir sus objetivos, en un proceso definido como la fascistización de las derechas en la Europa de entreguerras. Aunque finalmente ninguna fuerza se decidió a protagonizar la insurrección contra la República y todas acabaron confiando en la intervención militar tradicional.

Estas fuerzas de derechas eran defensoras de un catolicismo integrista y contrarios al proyecto laicista republicano de separar Iglesia y Estado, así como al proceso de secularización de la sociedad. A pesar de la hostilidad de muchos obispos al régimen republicano, ninguno participó en los planes golpistas, ni la defensa de la religión fue incluida en las Instrucciones de Mola o en las primeras proclamas de los militares rebeldes. Tampoco apareció la cuestión religiosa entre los objetivos o las motivaciones de los bandos que proclamaron el estado de guerra. Otra cuestión será la justificación ideológica que la Carta colectiva de los obispos españoles, redactada por el cardenal Gomá y publicada el 1 de julio de 1937, otorgó al autodefinido bando nacional, calificando la guerra como Cruzada. Asimismo la persecución religiosa desatada en la retaguardia republicana contribuyó a la identificación de la causa franquista con la defensa de la religión católica a nivel internacional.