Una ley sin justificación. No se acompaña de análisis
rigurosos acerca del sistema educativo vigente; de sus puntos fuertes y débiles
y, por tanto del porqué de las medidas que sería más conveniente proponer a debate
para mejorarlo.
Una ley partidista. Se da por sentado que se comparten los prejuicios que
el PP tiene acerca de lo que acontece en las aulas y, por tanto son estos los que
guían las medidas que se pretenden imponer con rango de Ley. Se trata de educar
exclusivamente según las concepciones ideológicas del PP.
Una ley muy conservadora. Se sustituye el ideal de
educar ciudadanos por el de mano de obra para el mercado laboral. Lo que explica
que, entre otras cosas, se elimine la educación para la ciudadanía y se sustituya
por un adoctrinamiento en el que “se eliminan del currículum todos los temas conflictivos”,
según expresión del propio José Ignacio Wert, o sea, se impide una educación reflexiva
y crítica.
Una ley neoliberal, destinada a mercantilizar aún más el sistema educativo
y a reorientar los objetivos de la educación para ponerlos al servicio de las reglas
del mercado neoliberal. Numerosas medidas que contempla la ley tienen como finalidad
encubierta promover mayores cotas de privatización del sistema educativo.
Es también una ley que trata de justificar los recortes
económicos con los que el PP viene castigando al sistema educativo: recorte
en la partida destinada a becas, a la par que endurece los requisitos que debe cumplir
cada estudiante para acceder a una beca; recortes en las plantilllas de profesorado,
en los recursos destinados a los centros; incremento de las ratio profesorado -
alumnado, ...
Una ley cínica, con un discurso que trata de desviar las miradas y
culpar al sistema educativo de males que son consecuencia de un mundo empresarial
ineficiente y de unos mercados financieros corruptos. No es justo que el texto del
anteproyecto de LOMCE comience con un párrafo tan mercantilista, asumiendo como
prioridad de la educación la promoción de la competitividad de la economía y el
nivel de prosperidad de un país. Obsesionando a los centros educativos con una educación
para “competir con éxito en la arena internacional” (pág. 1).¿Dónde están los datos
que digan que hay empresas que tuvieron que cerrar o no abrirse porque no encontraban
aquí personal con la suficiente cualificación profesional? Por el contrario estamos
a la cabeza de Europa en cuanto a jóvenes trabajando con sobrecualificación.
Una ley clasista. Se refuerza la segregación por clase social y etnia
a partir de los 14 años, al rebajar la comprehensividad a los 14 años de edad, al
igual que la LEG de 1970. Segregadora también por estimular a los centros a especializarse
curricularmente (centros bilingües, de excelencia, ...); por no asegurar la etapa
0-3 de Educación Infantil como educadora, convirtiéndola en asistencial. Es clasista,
pues se recurre a un peligroso concepto de “talento”, intentando culpar a la genética
del clasismo y racismo que caracteriza a nuestra sociedad; ignorando que los intereses,
capacidades y destrezas humanas son el resultado del contexto y de las condiciones
en el que las personas vivimos. Es, por tanto, una ley destinada a expulsar del
sistema al alumnado de los grupos sociales más desfavorecidos, cuyos “talentos”
se les hará ver que no son los adecuados y pertinentes.
Una ley sexista, al permitir colegios segregados por sexo, aduciendo
una declaración de la UNESCO de 1960 e ignorando convenciones posteriores aprobadas
por la ONU y sentencias del tribunal constitucional.
Una ley recentralizadora, pues se recortan fuertemente
las competencias de las Comunidades Autónomas. Una característica que subraya también
el ideario absolutamente centralista del Partido Popular.
Una ley al servicio de los intereses de la OCDE, destinada a mejorar exclusivamente
en los tests de PISA, reduciendo por tanto el número y las horas de las restantes
materias imprescindibles para educar una ciudadanía democrática, justa y solidaria.
No abre la más mínima posibilidad de debate acerca de la cultura básica (asignaturas,
contenidos, procedimientos, valores) que el sistema educativo debería ofrecer a
todo el alumnado. No se apuesta por una actualización de los contenidos con los
que trabajar en las aulas, de cara a hacerlos más actuales, relevantes, significativos
y motivadores para el alumnado.
Una ley que desconfía del profesorado, de ahí la obsesión por las
evaluaciones externas y reválidas. Además de imponer los contenidos y competencias
obligatorias, se dictan indicadores de rendimientos y se evalúan externamente, al
tiempo que es la Administración quien controla y decide la elección de las direcciones
de los centros.
Una ley anti-educación, pues entre otras muchas cosas, se distorsiona la filosofía
de la evaluación al especificar con rotundidad en el texto del anteproyecto que
lo que importa son los output (calificaciones del alumnado) y no los input (inversiones,
contextos socioculturales del alumnado, recursos y dotaciones, ...). Igualmente,
se impone como instrumento decisivo para evaluar al alumnado la filosofía de los
tests de lápiz y papel; algo que entra en contradicción con los modelos de evaluación
más cualitativos y formativos que vienen siendo objeto de utilización en las últimas
décadas en el ámbito de la educación.
Una
ley autoritaria, que pretende imponer el PP
al precio que sea, de ahí que no dejen espacio real para participar en el debate
a aquellas asociaciones profesionales, sindicatos, partidos políticos, docentes,
estudiantes, asociaciones de madres y padres, ONGs, ... interesados por la educación.
La única opción que deja abierta el PP es un pseudodebate a través de la web del
MECD.
